En los últimos meses, el debate sobre la ciudadanía italiana por descendencia ha adquirido nueva relevancia, especialmente a la luz de las próximas intervenciones de la Corte Constitucional y de la Corte de Casación. Ambas instituciones deberán pronunciarse sobre cuestiones que, en los últimos años, han generado incertidumbre jurídica y decisiones contradictorias: por un lado, las implicaciones del llamado “Decreto Tajani” y, por otro, el cada vez más discutido “minor issue”, que se refiere a la pérdida o conservación de la ciudadanía italiana en los casos de naturalización del ascendiente cuando el descendiente aún era menor de edad.
El papel de la Corte de Casación
La Corte de Casación, máximo órgano judicial italiano, no se ocupa de establecer los hechos, sino de garantizar la aplicación uniforme de la ley en todo el territorio nacional. Por ello, se espera con gran interés su próximo pronunciamiento sobre el minor issue y el Decreto Tajani: una decisión de la Casación puede orientar de forma definitiva la labor de los tribunales inferiores, reduciendo las disparidades interpretativas que actualmente caracterizan muchos casos relacionados con la ciudadanía iure sanguinis.
El contexto: la evolución reciente de la ciudadanía iure sanguinis
Durante más de un siglo, el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia siguió criterios relativamente lineales: quien descendiera de un ciudadano italiano y pudiera demostrar la continuidad de la ciudadanía en su línea familiar tenía derecho al reconocimiento, siempre que el ascendiente siguiera siendo ciudadano italiano después de la Unificación de Italia y no hubiera perdido la ciudadanía antes del nacimiento del siguiente descendiente.
Con la introducción del Decreto Tajani, aprobado en marzo de 2025 y convertido en la Ley 74/2025 el pasado mayo, este panorama cambió de manera significativa. El decreto y su ley de conversión introdujeron una restricción importante: el derecho a la ciudadanía iure sanguinis se mantiene solo si el padre o el abuelo eran exclusivamente ciudadanos italianos en el momento del nacimiento del descendiente, o si habían residido en Italia durante al menos dos años consecutivos tras la adquisición de la ciudadanía. El punto más controvertido, actualmente bajo análisis de la Casación, es si estas limitaciones pueden —o no— aplicarse también a personas nacidas antes de la entrada en vigor del decreto.
El “minor issue”: un problema interpretativo aún abierto
Además del Decreto Tajani, la Casación deberá abordar el complejo tema del llamado “minor issue”. Este se refiere a los casos en los que un ascendiente italiano adquirió una nueva ciudadanía extranjera mientras su hijo, nacido en el extranjero, aún era menor de edad. Durante años, los tribunales consideraron que dicha naturalización no conllevaba automáticamente la pérdida de la ciudadanía italiana por parte del menor. Sin embargo, más recientemente, muchos tribunales han comenzado a cuestionar la validez de esta interpretación.
El problema surge porque algunas sentencias aisladas de la Casación, así como una circular del Ministerio del Interior de octubre de 2024, declararon que el menor sí podía perder la ciudadanía en estas circunstancias. Sin embargo, al tratarse de una circular administrativa y no de una ley, dicho documento no vincula a los tribunales ni resuelve definitivamente la cuestión. Esto ha generado decisiones divergentes en casos idénticos, creando un desalineamiento que hace imprescindible un pronunciamiento claro de la Suprema Corte.
Es importante distinguir este fenómeno del caso, históricamente pacífico, de los menores nacidos en Italia que posteriormente emigraron: en ese contexto, la pérdida de la ciudadanía tras la naturalización del progenitor siempre se ha considerado automática. El “minor issue” se refiere exclusivamente a los hijos nacidos en el extranjero de ciudadanos italianos.
Qué esperar de las próximas decisiones
A lo largo del próximo año, tanto la Corte de Casación como la Corte Constitucional analizarán partes fundamentales del Decreto Tajani, aunque desde perspectivas distintas. No se descarta que surja la necesidad de limitar la aplicación del decreto o incluso de declarar su incompatibilidad con los principios constitucionales, especialmente en lo relativo a los derechos adquiridos y al principio de irretroactividad de las normas.
En cuanto al minor issue, el pronunciamiento de la Casación previsto para 2026 será probablemente decisivo: el tribunal deberá establecer, de una vez por todas, si la ciudadanía del menor sigue automáticamente la suerte del progenitor que se naturaliza o si permanece intacta hasta la mayoría de edad.
Entre la espera de las resoluciones y la incertidumbre normativa, quienes presentan solicitudes de ciudadanía italiana por descendencia se encuentran hoy en un contexto de rápida evolución. Las decisiones de las altas cortes podrían redefinir sustancialmente el acceso a la ciudadanía italiana, aclarando dudas que durante años han generado confusión entre solicitantes, administraciones y tribunales.
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