La ciudadanía por matrimonio o por unione civile es uno de los caminos más elegidos por quienes tienen un vínculo afectivo con un ciudadano italiano. Representa una forma concreta de formar parte de la comunidad nacional, no solo por vínculo jurídico, sino también por identidad y participación. No es casualidad que la ley italiana reconozca esta posibilidad como una extensión natural del principio de familia, siempre que se cumplan ciertos requisitos de estabilidad y convivencia.
La normativa de referencia es la Ley n. 76 del 2016, conocida como la Ley Cirinnà, que marcó un punto de inflexión histórico en el derecho italiano. Con ella, Italia reconoció finalmente las uniones civiles entre personas del mismo sexo, equiparándolas al matrimonio en la mayoría de derechos y deberes, incluida la posibilidad de obtener la cittadinanza italiana. Como resultado, tanto las parejas heterosexuales casadas como las parejas del mismo sexo unidas civilmente disfrutan hoy de igualdad de oportunidades para acceder al reconocimiento de la ciudadanía.
Sin embargo, el proceso no es automático ni está exento de complejidades. Para obtener la ciudadanía, la pareja debe demostrar la existencia de un vínculo estable y duradero: la ley requiere al menos dos años de convivencia si los cónyuges o parejas viven en Italia, o tres años si residen en el extranjero. Este período se reduce a la mitad en presencia de hijos comunes, sean biológicos o adoptivos, con la clara intención de promover la estabilidad familiar. Es fundamental que el matrimonio o la unión civil permanezcan válidos y vigentes hasta la conclusión del procedimiento: una separación o disolución durante la fase administrativa resultaría en la invalidez inmediata de la solicitud.
Además de la estabilidad de la relación, las autoridades italianas examinan cuidadosamente la situación personal del solicitante. Por ejemplo, es necesario que no existan condenas penales graves, que la documentación esté completa y cumpla con las reglas de legalización y traducción, y que se demuestre un nivel de italiano B1, según lo establecido por el Marco Común Europeo de Referencia. Este requisito lingüístico, a menudo subestimado, es esencial para demostrar la integración efectiva en la sociedad italiana y el respeto por sus valores culturales.
El procedimiento administrativo se realiza ahora íntegramente de manera digital a través del portal del Ministerio del Interior. Una vez enviada la solicitud, la Prefectura territorialmente competente verifica la regularidad de los documentos y la existencia de los requisitos. En teoría, la ley establece un plazo máximo de treinta y seis meses para completar el proceso, pero en la práctica los tiempos pueden variar significativamente debido a controles adicionales o posibles irregularidades en la documentación presentada. Por ello, se recomienda encarecidamente contar con profesionales experimentados o bufetes especializados, capaces de anticipar posibles obstáculos y reducir el riesgo de retrasos o denegaciones.
Un aspecto particularmente delicado se refiere al reconocimiento de uniones civiles celebradas en el extranjero. Antes de solicitar la ciudadanía, es esencial que el matrimonio o unión haya sido correctamente registrado en los registros civiles italianos. La falta de registro o errores formales pueden ralentizar significativamente el proceso o llevar al rechazo de la solicitud. De manera similar, el manejo de documentos extranjeros requiere una atención meticulosa: apostillas, legalizaciones y traducciones oficiales deben estar perfectamente en regla para ser aceptadas por las autoridades italianas.
Todos estos elementos contribuyen a dibujar un panorama claro: obtener la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile es ciertamente posible, pero implica un proceso de precisión y constancia. Por esta razón, no conviene esperar para iniciar el procedimiento. Retrasar puede exponer a los solicitantes al riesgo de cambios legislativos futuros que hagan el proceso más restrictivo o de tener que empezar de nuevo debido a documentos vencidos o nuevas exigencias administrativas. En particular, el Gobierno italiano está discutiendo actualmente una potencial reforma de la ley de ciudadanía italiana, que podría cambiar radicalmente el panorama, estipulando que las solicitudes solo podrían ser presentadas por quienes residan en Italia, y no por quienes vivan en el extranjero.
En conclusión, la Ley Cirinnà y la evolución posterior de la normativa italiana han establecido un principio fundamental: todos los ciudadanos, independientemente del tipo de vínculo afectivo formalizado, deben poder compartir los mismos derechos y oportunidades. Sin embargo, el procedimiento burocrático requiere competencia, paciencia y atención a los detalles. En un contexto legal en constante evolución, el consejo más sabio es actuar ahora, aprovechando las condiciones actuales y asegurándose un futuro tranquilo como ciudadanos italianos de pleno derecho, con el pasaporte italiano en mano.
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