En los últimos meses, el tema de la ciudadanía italiana ha vuelto con fuerza al centro del debate político, generando preocupación entre muchos ciudadanos extranjeros casados o unidos civilmente con ciudadanos italianos. En particular, quienes residen en el extranjero deberían prestar mucha atención a los desarrollos normativos en curso, ya que el marco actual podría cambiar de manera significativa en un futuro próximo.
Actualmente, la ley permite al ciudadano extranjero casado con un ciudadano italiano presentar la solicitud de ciudadanía italiana por matrimonio después de dos años de matrimonio en caso de residencia en Italia, o después de tres años si la pareja vive en el extranjero. Estos plazos se reducen a la mitad si del matrimonio o de la unión civil han nacido hijos. Se trata de un procedimiento bien definido, que se realiza a través del portal del Ministerio del Interior y que requiere una serie de documentos, entre ellos certificados de nacimiento, antecedentes penales y la acreditación de un conocimiento adecuado de la lengua italiana, al menos de nivel B1.
Sin embargo, esta situación podría no durar mucho tiempo. Un nuevo proyecto de ley, actualmente en examen en el Parlamento, tiene como objetivo hacer más restrictivo el acceso a la ciudadanía para quienes la adquieren por vínculo matrimonial. Entre las hipótesis más debatidas se encuentran la ampliación de los plazos de espera y, sobre todo, la exclusión de los cónyuges residentes en el extranjero de la posibilidad de presentar la solicitud. Aunque el texto aún no ha sido aprobado de manera definitiva y puede sufrir modificaciones, a la luz de los acontecimientos de los últimos meses no se puede descartar un trámite legislativo relativamente rápido en el futuro cercano.
Esta orientación restrictiva no es un caso aislado. En los últimos meses ya se han introducido medidas más severas también en materia de ciudadanía italiana por descendencia, con el fin de limitar el llamado principio del iure sanguinis, lo que evidencia una línea política orientada a restringir en general el acceso a la ciudadanía. En este contexto, la naturalización por matrimonio o unión civil corre el riesgo de convertirse en un proceso más largo y complejo que en la actualidad.
Las solicitudes presentadas antes de la eventual entrada en vigor de las posibles nuevas normas seguirían siendo evaluadas conforme a las reglas actuales. Esto significa que quienes ya cumplen con los requisitos previstos por la legislación vigente tendrían una ventaja concreta al iniciar el trámite sin más demoras. Posponerlo podría traducirse no solo en tiempos de espera más largos, sino también en la pérdida total de la posibilidad de acceder a la ciudadanía desde el extranjero.
Obtener la ciudadanía italiana no es únicamente una formalidad jurídica. Para muchos representa la posibilidad de consolidar su vínculo con el país, de vivir y trabajar libremente en la Unión Europea y de acceder a derechos fundamentales, como el de solicitar el pasaporte italiano. En un momento histórico caracterizado por la incertidumbre normativa, actuar a tiempo se convierte, por lo tanto, en una elección estratégica.
En definitiva, quienes estén casados o unidos civilmente con un ciudadano italiano y estén evaluando si presentar la solicitud de ciudadanía deberían considerar cuidadosamente el escenario actual. Iniciar el procedimiento hoy, cuando las normas aún son relativamente estables, puede marcar la diferencia entre un camino claro y uno mucho más complicado mañana.
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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.
Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana.