Ciudadanía italiana por residencia: las distintas fases y los plazos del procedimiento

La ciudadanía italiana por residencia constituye una de las principales vías mediante las cuales un ciudadano extranjero puede adquirir la ciudadanía después de haber consolidado a lo largo del tiempo su vínculo con Italia. Se trata de un procedimiento administrativo complejo, que no se agota con la presentación de la solicitud, sino que requiere, en primer lugar, la verificación de los requisitos, la preparación de la documentación y, posteriormente, la superación de las distintas fases de la instrucción del expediente.

El procedimiento tiene como principal referencia el artículo 9 de la Ley n.º 91 de 1992 y concluye, en caso de resolución favorable, con la adopción del decreto de concesión de la ciudadanía.

Quién puede solicitar la ciudadanía por residencia

El requisito fundamental es la residencia legal en Italia durante un período determinado, cuya duración varía en función de la situación del solicitante.

Para los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea normalmente se requieren diez años de residencia legal, mientras que para los ciudadanos de la Unión Europea el período exigido es, por lo general, de cuatro años. No obstante, la ley establece plazos más breves para determinadas categorías: cinco años pueden ser suficientes, por ejemplo, para los apátridas y refugiados políticos, para los extranjeros mayores de edad adoptados por ciudadanos italianos y para los hijos mayores de edad de personas que hayan adquirido la ciudadanía italiana. El plazo se reduce a dos años en el caso de los ascendientes en línea recta de ciudadanos italianos por nacimiento y a tres años para los extranjeros nacidos en Italia que no hayan ejercido, al alcanzar la mayoría de edad, el derecho a adquirir la ciudadanía previsto por la ley. También se establece un período de cinco años para quienes hayan prestado servicios al Estado italiano, incluso en el extranjero.

Sin embargo, no basta con haber permanecido físicamente en Italia durante el período requerido: la residencia debe constar como regular y continuada. Por este motivo, antes de presentar la solicitud es importante comprobar el historial registral del solicitante, especialmente en caso de traslados entre distintos municipios. Los períodos que no hayan sido registrados correctamente, los denominados «lagunas de residencia», pueden generar dificultades durante la instrucción del expediente. Si la Prefectura detecta una posible interrupción, puede emitir un preaviso de denegación, concediendo al solicitante diez días para aportar la documentación necesaria que demuestre la continuidad de la residencia.

Preparación de la documentación

Una vez verificado el requisito de residencia, es necesario reunir la documentación exigida para la solicitud. Entre los documentos principales se encuentra el extracto del acta de nacimiento, que debe traducirse al italiano y legalizarse cuando sea necesario, con indicación de la filiación paterna y materna. Asimismo, es necesario disponer de un documento de identidad válido, del pasaporte y del permiso de residencia, además del certificado histórico de residencia y de la declaración sustitutiva relativa a la composición de la unidad familiar.

La solicitud también debe ir acompañada de la documentación relativa a los ingresos de los últimos tres años, del certificado que acredite el conocimiento de la lengua italiana al menos en el nivel B1 y de los certificados de antecedentes penales del país de origen y de los eventuales terceros países, acompañados de las traducciones y formalidades exigidas. Completan la documentación el justificante del pago de la tasa correspondiente, el timbre fiscal y la información relativa al historial registral del solicitante.

Es importante que los datos personales sean coherentes en todos los documentos. Las diferencias en el nombre, el lugar de nacimiento u otros datos de identidad pueden hacer necesaria documentación adicional para aclarar la situación.

Debe prestarse especial atención a los documentos expedidos en el extranjero. Estos deben traducirse al italiano y, cuando sea necesario, legalizarse. Para los países adheridos al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, la legalización puede sustituirse por la Apostilla, mientras que los documentos redactados conforme a los modelos plurilingües previstos por el Convenio de Viena no están sujetos a las mismas formalidades.

El requisito de ingresos

Otro elemento fundamental es la situación económica del solicitante. Para 2026, el artículo señala un ingreso mínimo de 8.263,31 euros para quienes no tengan cónyuge ni hijos a cargo y de 11.362,05 euros para quienes tengan al cónyuge a cargo, con un incremento de 516 euros por cada hijo a cargo.

El requisito debe acreditarse respecto de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud y debe mantenerse hasta el momento del juramento. En caso de que los ingresos personales no sean suficientes, también pueden tomarse en consideración los ingresos de los familiares que formen parte de la misma unidad familiar registrada.

Para determinadas categorías de trabajadores, la documentación puede presentar características específicas. El artículo, por ejemplo, hace referencia a la situación de los trabajadores domésticos, incluidos los empleados de hogar, cuidadores y colaboradores domésticos, para los cuales se indica el extracto de cuenta del INPS.

El cuestionario y la presentación de la solicitud

El procedimiento también prevé la cumplimentación de un cuestionario específico compuesto por 20 preguntas relativas a distintos aspectos de la situación personal, familiar y laboral del solicitante. Una vez cumplimentado, el cuestionario debe cargarse en formato PDF junto con el resto de la documentación.

La solicitud se presenta exclusivamente por vía telemática a través del portal del Ministerio del Interior. Una vez transmitida, se asigna un número identificativo al expediente, que permite seguir su evolución durante la instrucción.

La presentación de la solicitud no implica, naturalmente, la adquisición automática de la ciudadanía. A partir de ese momento se inicia el procedimiento administrativo, durante el cual las autoridades competentes verifican la documentación y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Qué ocurre durante la instrucción

Durante el examen pueden detectarse irregularidades o errores en la solicitud. Si la Prefectura detecta un problema relacionado, por ejemplo, con los datos consignados, en determinadas circunstancias es posible solicitar la corrección del expediente, incluso mediante PEC o compareciendo directamente ante las oficinas competentes.

Si, por el contrario, la solicitud es rechazada debido a un error y es necesario presentar una nueva solicitud, el artículo precisa que puede hacerse sin volver a efectuar el pago de la tasa de 250 euros.

También debe prestarse especial atención a la vigencia de los documentos. En particular, el certificado de antecedentes penales del país de origen tiene una validez de seis meses desde la fecha de expedición, por lo que es importante coordinar los plazos de obtención de la documentación con los de presentación de la solicitud.

Los plazos del procedimiento

Uno de los aspectos que más interesa a quienes presentan la solicitud es, naturalmente, la duración del procedimiento. Para las solicitudes presentadas después del 21 de diciembre de 2020, el plazo indicado en el artículo es de 24 meses, prorrogable hasta un máximo de 36 meses.

Es importante distinguir este período del tiempo necesario para cumplir el requisito de residencia. Se trata de dos momentos correspondientes a fases diferentes: primero es necesario alcanzar el número de años de residencia exigido en función de la situación del solicitante; solo posteriormente puede presentarse la solicitud e iniciarse el procedimiento administrativo.

Un proceso que requiere atención

La ciudadanía italiana por residencia es, por tanto, el resultado de un proceso compuesto por distintas fases. Antes de presentar la solicitud es necesario comprobar la continuidad de la residencia, la situación de ingresos y la existencia de todos los documentos necesarios, prestando especial atención a los documentos expedidos en el extranjero y a su traducción y legalización.

Después de la presentación telemática, el expediente pasa a la fase de instrucción, durante la cual las autoridades competentes verifican los requisitos y la documentación aportada. Teniendo en cuenta que los plazos pueden llegar hasta los 36 meses, es importante realizar un seguimiento atento de la evolución de la solicitud y actuar con rapidez ante cualquier eventual incidencia.

Una preparación minuciosa del expediente permite, por tanto, afrontar el procedimiento con mayor conocimiento y reducir el riesgo de que errores, incoherencias o deficiencias documentales obstaculicen la resolución favorable de la solicitud.

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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.

Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana, y Paolo Grassi, Trainee de LCA Studio Legale.