Permiso de residencia Van der Elst: un caso práctico

El permiso de residencia y trabajo “Van der Elst” es un instrumento jurídico que permite a los trabajadores de nacionalidad extra-UE, legalmente empleados por una empresa establecida en un Estado miembro de la Unión Europea, ser desplazados temporalmente a otro país de la Unión para prestar servicios en el marco de un contrato internacional de prestación de servicios. Se trata, por tanto, de un mecanismo concebido para facilitar la movilidad empresarial dentro del mercado único.

El origen de esta figura se remonta a una sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de agosto de 1994, que tomó su nombre del caso que la originó. El procedimiento se refería a un empresario belga, Raymond Van der Elst, propietario de una empresa en Bruselas que empleaba a trabajadores marroquíes legalmente residentes y autorizados a trabajar en Bélgica. En 1989, la empresa obtuvo un contrato en Francia y envió allí a un equipo de trabajadores, entre ellos algunos de estos empleados.

Aunque contaban con visados de corta duración, las autoridades francesas cuestionaron su presencia por carecer de un permiso de trabajo francés y sancionaron al empresario. Van der Elst recurrió la decisión, alegando que tal exigencia constituía un obstáculo a la libre prestación de servicios garantizada por el derecho comunitario. El Tribunal de Justicia le dio la razón, estableciendo que un Estado miembro no puede exigir a una empresa establecida en otro país de la Unión obtener un permiso de trabajo adicional para sus empleados nacionales de terceros países, siempre que estos estén legalmente empleados y residan en el Estado de origen.

De esta sentencia se deriva el principio según el cual los trabajadores extra-UE legalmente empleados en un Estado miembro pueden ser desplazados temporalmente a otro país de la Unión sin necesidad de un nuevo visado de trabajo local. Con el tiempo, este principio ha sido incorporado de manera diferente en las legislaciones nacionales.

Algunos países, como Irlanda, prevén un visado específico que debe solicitarse en las representaciones diplomáticas. Italia, en cambio, regula el caso mediante un permiso de trabajo previsto en el artículo 27, apartado 1-bis del Texto Único de Inmigración, destinado a trabajadores no comunitarios desplazados por empresas europeas en el marco de un contrato de prestación de servicios. Este permiso se expide fuera de los cupos anuales de entrada, precisamente en aplicación de los principios establecidos por la sentencia Van der Elst.

En el contexto italiano, el desplazamiento también implica ciertos requisitos administrativos. La empresa que envía a los trabajadores debe presentar una notificación previa de desplazamiento a través del portal del Ministerio de Trabajo, nombrar un representante domiciliado en Italia y garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales y salariales previstas por la normativa italiana. Además, debe conservar la documentación relativa al desplazamiento para posibles controles.

Para acogerse al régimen Van der Elst, el trabajador debe residir legalmente en el Estado miembro donde se encuentra la empresa empleadora, estar legalmente contratado y ser enviado al extranjero exclusivamente para ejecutar una prestación de servicios en el marco de un contrato entre la empresa de origen y la empresa anfitriona. La estancia está estrictamente vinculada a la duración del encargo y no permite realizar actividades laborales distintas de las autorizadas.

La solicitud del permiso de residencia y trabajo requiere documentos que acrediten la identidad del trabajador, su residencia legal en el Estado de origen, la relación laboral y la existencia del contrato de prestación de servicios entre la empresa que desplaza y la empresa italiana receptora. Los plazos y la duración del permiso varían de un país a otro: por ejemplo, en Irlanda el visado puede cubrir hasta doce meses, mientras que en Italia el permiso puede durar hasta dos años y renovarse bajo determinadas condiciones.

En esencia, el régimen Van der Elst representa una herramienta fundamental para garantizar la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea, permitiendo a las empresas operar más allá de las fronteras con su propio personal, sin crear obstáculos burocráticos injustificados, pero respetando las normas del país anfitrión y el carácter temporal del desplazamiento.

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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.

Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana, y Paolo Grassi, Trainee de LCA Studio Legale.