Italia continúa posicionándose como un destino estratégico para empresarios extranjeros interesados en iniciar nuevas actividades en Europa. Entre los instrumentos jurídicos disponibles, la visa de trabajo autónomo destinada a la creación de un nuevo negocio representa una de las opciones más estructuradas para quienes desean realizar una inversión significativa en el país.
Pero ¿se trata realmente de una vía concretamente viable?
Una visa pensada para atraer inversiones cualificadas
Con el objetivo de fomentar la entrada de capital extranjero y apoyar el empleo, el gobierno italiano permite a los ciudadanos extracomunitarios solicitar una visa de trabajo autónomo cuando tengan la intención de llevar a cabo un plan empresarial de interés para la economía nacional.
El requisito central es claro:
Inversión mínima de 500.000 euros
Creación de al menos 3 nuevos puestos de trabajo en Italia
Se trata, por tanto, de un instrumento dirigido a empresarios con un proyecto sólido, recursos adecuados y una visión empresarial estructurada.
El plan de negocios: el corazón de la solicitud
La solicitud de visa debe presentarse ante el Consulado italiano competente en el país de residencia del solicitante. El elemento central de la solicitud es el plan de negocios, que debe demostrar:
La inversión efectiva de al menos 500.000 euros
El impacto en el empleo previsto (al menos tres nuevas contrataciones)
La sostenibilidad económica del proyecto
Un elemento esencial es que los recursos financieros provengan directamente del empresario. No es suficiente demostrar el interés de inversores terceros: el capital debe ser atribuible al solicitante.
Además, es necesario adjuntar una certificación emitida por la Cámara de Comercio competente en el lugar donde se pretende establecer la actividad, que confirme la coherencia y viabilidad del proyecto empresarial.
Documentación adicional y evaluación consular
Además de la documentación relativa al plan de inversión, el Consulado puede solicitar pruebas adicionales, entre ellas:
Disponibilidad de recursos económicos adicionales
Declaraciones de la renta
Prueba de alojamiento en Italia
Cobertura de seguro médico
La evaluación es discrecional y puede variar según la situación personal del solicitante y la oficina consular competente.
Plazos de evaluación y llegada a Italia
Una vez presentada la solicitud de visa para Italia, el proceso de evaluación puede tardar hasta 120 días. En caso de resultado favorable, se expedirá una visa nacional tipo D que permite la entrada en el territorio italiano.
No obstante, la obtención de la visa no concluye el procedimiento: dentro de los 8 días posteriores a la llegada a Italia es obligatorio solicitar el permiso de residencia por trabajo autónomo ante las autoridades competentes.
¿Es realmente una solución practicable?
Desde el punto de vista normativo, la vía está claramente definida. Sin embargo, en la práctica, el proceso requiere:
Una inversión relevante
Una planificación detallada y creíble
Una preparación documental rigurosa
Plazos no breves
La sujeción a la evaluación discrecional de los Consulados italianos competentes para gestionar las solicitudes de visa
Por tanto, no se trata de una opción “simple” o inmediata, sino de un instrumento diseñado para empresarios estructurados, con un proyecto concreto y un compromiso financiero significativo.
Para quienes disponen de los recursos necesarios y desean establecerse de manera estable en el mercado italiano, la visa de trabajo autónomo para la creación de un nuevo negocio puede representar una oportunidad real. Para otros perfiles, podrían resultar más adecuadas soluciones alternativas.
En definitiva, es una vía viable — pero solo para quienes estén preparados para afrontarla con preparación, solidez financiera y una visión empresarial a largo plazo.
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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.
Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana, y Paolo Grassi, Trainee de LCA Studio Legale.