A partir del 7 de abril de 2026, el régimen fiscal preferencial destinado a los pensionistas extranjeros se ha ampliado de forma significativa, reforzando el atractivo de Italia como destino para quienes perciben ingresos por pensión desde el extranjero. La principal novedad es el aumento del umbral poblacional de los municipios admitidos en el sur del país, que pasa de 20.000 a 30.000 habitantes, permitiendo el acceso al beneficio también a centros urbanos de mayor tamaño.
La modificación, introducida por la Ley n.º 34 del 11 de marzo de 2026, interviene sobre el artículo 24-ter del Texto Único del Impuesto sobre la Renta (TUIR) y afecta a ocho regiones del sur: Sicilia, Calabria, Cerdeña, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise y Puglia. El efecto práctico es la inclusión de localidades que, sin ser grandes ciudades, ofrecen infraestructuras más desarrolladas, mejores conexiones de transporte y una mayor disponibilidad de servicios en comparación con los pequeños municipios previamente admitidos. Este aspecto representa un factor decisivo para muchos pensionistas extracomunitarios que valoran no solo la ventaja fiscal, sino también la calidad de vida al momento de decidir si trasladarse a Italia y solicitar un visado y permiso de residencia (en muchos casos, por ejemplo, para residencia electiva).
Desde el punto de vista operativo, el régimen permanece en gran medida sin cambios. El impuesto sustitutivo sigue fijado en el 7% y se aplica a todos los ingresos de fuente extranjera, incluyendo no solo las pensiones, sino también rentas financieras y patrimoniales como intereses, dividendos, alquileres y plusvalías. Los ingresos generados en Italia continúan sujetos a la tributación ordinaria. La opción tiene una duración máxima de nueve años y puede ejercerse en la declaración de la renta correspondiente al período en que se transfiere la residencia fiscal.
Los requisitos de acceso siguen siendo estrictos pero claros: el contribuyente debe percibir una pensión pagada por una entidad extranjera, no debe haber sido residente fiscal en Italia durante los cinco períodos impositivos anteriores y debe trasladar su residencia a uno de los municipios elegibles, procediendo de un país con el que Italia tenga acuerdos de cooperación administrativa en materia fiscal. Este último elemento es fundamental para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los ingresos extranjeros.
Un aspecto frecuentemente relevante en la evaluación es la comparación con otros regímenes fiscales disponibles en Italia, en particular el destinado a nuevos residentes de alta capacidad económica, que prevé un impuesto fijo anual de 300.000 euros sobre los ingresos de fuente extranjera. La elección entre ambos depende principalmente del nivel y la composición de los ingresos: el flat tax del 7% tiende a ser más ventajoso para ingresos bajos o moderados, mientras que el régimen de suma fija puede resultar más eficiente para patrimonios muy elevados y altamente diversificados.
La ampliación de 2026 no modifica las situaciones ya existentes: quienes se hayan acogido al régimen antes de la reforma continúan beneficiándose hasta su vencimiento natural, sin efectos negativos. La novedad opera, por tanto, exclusivamente en sentido expansivo, aumentando el número de potenciales beneficiarios.
En conjunto, esta evolución normativa se enmarca en una estrategia más amplia orientada a combatir la despoblación de algunas zonas del país y a dinamizar la economía local mediante la atracción de nuevos residentes con capacidad de gasto. La extensión a municipios de hasta 30.000 habitantes representa un equilibrio entre incentivo fiscal y sostenibilidad territorial, haciendo el régimen no solo más accesible, sino también más acorde con las necesidades reales de quienes deciden trasladarse a Italia.
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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.
Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana, y Paolo Grassi, Trainee de LCA Studio Legale.