Ciudadanía italiana por descendencia: la Corte de Casación decidirá a principios de 2026

El nuevo año traerá un momento crucial para quienes reclaman sus raíces italianas. La Corte de Casación, reunida en Sección Unida, ha programado una audiencia pública para el 13 de enero de 2026, que podría redefinir la forma en que se interpreta el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia.

El debate surge con la introducción del llamado Decreto Tajani, es decir, el Decreto Ley n.° 36/2025, luego convertido en la Ley n.° 74/2025, que impone un límite generacional a los descendientes de ciudadanos italianos. Esta novedad ha generado gran controversia: muchos sostienen que la ciudadanía, al transmitirse jure sanguinis desde el nacimiento, constituye un derecho originario y no un privilegio sujeto a restricciones temporales. La cuestión central, por lo tanto, es si una ley recientemente promulgada puede afectar un derecho que se presume existe desde el momento del nacimiento.

Además de este aspecto interpretativo, la Corte de Casación deberá abordar un segundo tema igualmente complejo: la pérdida de la ciudadanía por parte de los menores. En particular, se intentará determinar si los hijos menores mantienen la ciudadanía italiana si su ascendiente adquiere una nueva ciudadanía en otro país, especialmente cuando esta se otorga automáticamente jus soli a los niños nacidos en territorio extranjero. Las normas de referencia datan de la histórica Ley n.° 555 de 1912, que aún constituye la base del sistema de ciudadanía italiano.

La decisión que surja de la audiencia de 2026 podría tener repercusiones significativas, no solo a nivel jurídico, sino también en lo personal e identitario para muchas familias de origen italiano en todo el mundo. Para muchos descendientes, obtener el reconocimiento oficial de la ciudadanía significa recuperar una parte de su historia y, al mismo tiempo, acceder a los derechos vinculados al pasaporte italiano, incluida la posibilidad de vivir, estudiar y trabajar libremente en la Unión Europea.

El fallo de la Corte de Casación, esperado con gran interés por las comunidades y estudios jurídicos especializados, podría finalmente aclarar los límites y garantías de un derecho profundamente arraigado en la continuidad familiar y la memoria de las generaciones.

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