Ciudadanía por residencia: pensión de invalidez y requisito mínimo de ingresos

Con una decisión que redefine los criterios para la obtención de la ciudadanía por residencia, el Consejo de Estado ha establecido que las pensiones de invalidez deben ser consideradas ingresos válidos en la evaluación de las solicitudes. La sentencia, emitida el pasado 27 de enero de 2025 (n.º 599, Sección III), cuestiona una práctica administrativa que hasta ahora excluía este tipo de prestación del cálculo económico requerido.

El caso analizado se refería a una persona con discapacidad cuya solicitud de ciudadanía había sido rechazada, ya que la pensión de invalidez y la asignación por acompañamiento no habían sido contabilizadas como parte de los ingresos totales. La administración pública había argumentado que, al tratarse de ayudas económicas proporcionadas por el Estado y no derivadas de una actividad laboral, no podían ser incluidas en el requisito de ingresos.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró tal interpretación discriminatoria e inaceptable desde el punto de vista constitucional. La sentencia afirma que una evaluación justa debe tener en cuenta el contexto personal del solicitante, incluyendo su estado de salud, situación familiar y grado de autonomía, en lugar de aplicar criterios uniformes que ignoran las circunstancias individuales.

El tribunal también aclaró que las pensiones de invalidez tienen un carácter esencial y no pueden ser equiparadas a otras transferencias estatales. Representan un medio fundamental de subsistencia para quienes no pueden generar ingresos a través del trabajo y, por ello, deben ser reconocidas dentro del marco de verificación de la autosuficiencia económica.

Este cambio de perspectiva representa un paso adelante hacia una ciudadanía más inclusiva, en la que las situaciones de vulnerabilidad no se conviertan en obstáculos adicionales, sino en elementos a considerar. Para las personas con discapacidad, la decisión constituye un precedente importante que puede abrir el camino a una aplicación más equitativa de los criterios para la obtención de la ciudadanía por residencia en Italia.

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