El texto de la reforma de los servicios consulares y de los procedimientos para la ciudadanía italiana por descendencia ha sido aprobado de manera definitiva.

El pasado 14 de enero de 2026 se concluyó el proceso de aprobación definitiva de la ley que redefine de forma profunda la organización de los servicios consulares y la gestión de la ciudadanía italiana por descendencia. El proyecto de ley había sido aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2025 y ahora ha recibido la aprobación final del Senado. Con su próxima publicación en el Boletín Oficial, la reforma entrará en vigor.

El objetivo declarado es hacer más uniforme el funcionamiento de las sedes diplomáticas y centralizar en Roma los trámites relacionados con el reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis, mediante la creación de un Servicio para la Reconstrucción de la Ciudadanía Italiana, que se encargará de todas las solicitudes de ciudadanía italiana por descendencia.

La consecuencia de esta reforma es que los consulados italianos en el exterior pierden la competencia para tramitar las solicitudes de reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis. Los consulados conservarán únicamente la competencia en los casos de menores de edad y para la confirmación del estatus de los ciudadanos ya reconocidos.

Si bien el gobierno ha justificado la centralización de las competencias por la necesidad de garantizar procedimientos más homogéneos y controles más rigurosos sobre la autenticidad de la documentación, persisten dudas sobre las modalidades efectivas con las que se tramitarán las solicitudes. La reforma prevé, entre otras cosas, una ampliación de los plazos de tramitación hasta 36 meses, la obligación de enviar la documentación original en papel a cargo y costo de los solicitantes, y un número máximo de expedientes que podrán ser tramitados cada año.

La reforma aprobada, además de las medidas en materia de ciudadanía italiana iure sanguinis, incluye otras modificaciones relativas al registro AIRE (el registro de los ciudadanos italianos residentes en el extranjero), que se integra en el Registro Nacional de la Población Residente, así como el restablecimiento de la “doble legalización” de los documentos emitidos en el extranjero.

La entrada en vigor de las nuevas normas está prevista de manera progresiva hasta 2028, con un período transitorio que permitirá a los consulados concluir los trámites de ciudadanía italiana ya en curso.

Los cambios introducidos tendrán sin duda un impacto significativo, especialmente para los descendientes de italianos residentes en el exterior interesados en el reconocimiento de su status civitatis. El funcionamiento del nuevo sistema deberá comprobarse en la práctica, aunque los antecedentes hacen prever una ralentización general debido a la centralización de las solicitudes y a las limitaciones establecidas.

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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.

Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana, y Paolo Grassi, Trainee de LCA Studio Legale.