La Corte Constitucional ha determinado que el próximo 11 de marzo de 2026 se celebrará la audiencia pública dedicada al examen de la legitimidad del artículo 3-bis de la Ley 91/1992, tal como fue modificado por el Decreto-Ley n.º 36/2025, posteriormente convertido en la Ley n.º 74/2025. En el centro de la cuestión se encuentra el impacto de la nueva normativa en los procedimientos de ciudadanía italiana por descendencia, con especial atención a las garantías constitucionales que siempre deben acompañar la adquisición del status civitatis.
La iniciativa de la Corte surge del planteamiento del Tribunal de Turín, que ha expresado dudas sobre la conformidad del artículo 3-bis con los principios fundamentales de la Constitución italiana: desde la igualdad de los ciudadanos ante la ley, hasta la protección de los derechos adquiridos, pasando por el criterio de razonabilidad que debe guiar al legislador en materias tan delicadas como la ciudadanía.
Junto a este procedimiento, también el Tribunal de Mantua ha presentado otra cuestión de constitucionalidad respecto al mismo artículo. Sin embargo, por el momento no consta que dicha cuestión vaya a ser examinada en la misma audiencia de marzo, lo que deja abierta la posibilidad de una futura revisión en una sesión distinta.
La sentencia de la Corte desempeñará un papel determinante en la definición del futuro del artículo 3-bis y de sus aplicaciones prácticas, especialmente para quienes reclaman la ciudadanía italiana por descendencia y temen posibles limitaciones o modificaciones de los derechos actualmente reconocidos. Como es habitual, la decisión no será inmediata: el fallo definitivo podría conocerse varios meses después de la audiencia.
La cita del 11 de marzo de 2026 se perfila, por tanto, como un momento crucial para comprender cómo evolucionará el marco normativo relativo a la ciudadanía, un tema que siempre ha estado en el centro de la relación entre el Estado, la identidad y los derechos de los ciudadanos.
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