El martes 24 de junio se celebró una audiencia histórica ante la Corte Constitucional italiana para discutir los temas de inconstitucionalidad planteados inicialmente por un juez del Tribunal de Bolonia en noviembre de 2024, a los que luego se sumaron jueces de los Tribunales de Milán, Roma y Florencia.
El tema central es la legitimidad constitucional del principio de transmisión de la ciudadanía basado en el ius sanguinis, previsto por el Código Civil de 1865, la Ley 555 de 1912 y la Ley 91 de 1992. El procedimiento reúne, precisamente, cuatro causas remitidas a la Corte Constitucional por los tribunales de Bolonia, Roma, Milán y Florencia.
Los jueces que presentaron las ordenanzas ante la Corte subrayan que la transmisión indefinida de la ciudadanía basada únicamente en la descendencia carece de un vínculo concreto con Italia —ya sea lingüístico, cultural o histórico—. Ese vínculo concreto y genuino con Italia es el principio que inspiró la adopción del Decreto 36 de 2025 y la posterior ley de conversión n.º 74 de 2025, que han reformado radicalmente los mecanismos de transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia.
Las partes involucradas, a través de sus defensores, impugnaron la postura de los jueces remitentes, sosteniendo que se están imponiendo límites arbitrarios, y subrayaron la importancia de la ciudadanía como un puente entre identidad, raíces y derechos, definiendo el reconocimiento como un deber histórico y transgeneracional hacia las comunidades de descendientes italianos.
Tras la audiencia pública del 24 de junio, la Corte Constitucional deberá ahora continuar con la fase decisoria, y se espera que la sentencia sea publicada en los próximos meses. La decisión de la Corte representará un paso crucial en la definición de la compatibilidad de los límites generacionales con los principios de la Constitución italiana o, por el contrario, si estos constituyen una violación de derechos consolidados y de la protección de la confianza legítima (affidamento).
En cualquier caso, los efectos de la decisión de la Corte Constitucional tendrán sin duda un impacto importante también en relación con la nueva normativa introducida por el Decreto-ley 36/2025 y la posterior ley de conversión 74/2025, que han hecho de esos límites generacionales un pilar fundamental del nuevo sistema de principios que, desde hace pocas semanas, regula el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia.
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