El 11 de marzo de 2026 se celebró una audiencia particularmente relevante ante la Corte Constitucional italiana, llamada a pronunciarse sobre una cuestión que afecta a millones de personas en todo el mundo: el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia, el llamado iure sanguinis. En el centro del debate se encuentran las modificaciones introducidas por el decreto-ley del 28 de marzo de 2025, conocido como el “Decreto Tajani”, que ha revisado profundamente los criterios para obtener la ciudadanía italiana por parte de descendientes nacidos en el extranjero.
La cuestión de la legitimidad constitucional
La Corte fue investida del asunto a raíz de una remisión por parte del Tribunal de Turín, que planteó dudas sobre la compatibilidad de las nuevas normas con los principios constitucionales. En particular, el punto crítico se refiere a la introducción del artículo 3 bis en la Ley n.º 91 de 1992, que limita significativamente el reconocimiento automático de la ciudadanía por descendencia.
Según el juez de Turín, la norma podría tener efectos retroactivos problemáticos: establece que no puede reconocerse la ciudadanía a quienes, aun habiendo nacido de ciudadanos italianos en el extranjero, no hayan iniciado un procedimiento de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia antes de una determinada fecha (27 de marzo de 2025), o no cumplan ciertos requisitos (como tener un progenitor o abuelo/a que fuera exclusivamente ciudadano italiano en el momento del fallecimiento o en el momento del nacimiento del solicitante). Esto ha suscitado interrogantes sobre una posible vulneración de los principios de igualdad y razonabilidad consagrados en la Constitución italiana.
El caso concreto: recurrentes y cuestión jurídica
El asunto se originó a partir de un recurso presentado por ocho ciudadanos venezolanos de origen italiano, quienes habían solicitado el reconocimiento de la ciudadanía conforme a la normativa vigente antes del Decreto Tajani y de la Ley 74/2025. Sin embargo, los cambios legislativos introducidos en 2025 modificaron radicalmente el marco jurídico, poniendo en cuestión sus expectativas.
El Tribunal de Turín suspendió entonces el procedimiento, considerando necesario que la Corte Constitucional determine si el legislador ha sobrepasado los límites impuestos por la Constitución, en particular en lo relativo a la protección de los derechos ya adquiridos.
Los nuevos criterios introducidos por el Decreto Tajani y la Ley 74/2025
Uno de los aspectos más debatidos durante la audiencia se refiere a las condiciones actualmente requeridas para obtener el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia. Ya no es suficiente demostrar una descendencia, incluso lejana, de un ciudadano italiano: la normativa exige ahora un vínculo más concreto y actual con el país y, en ausencia de tales elementos, el vínculo de ciudadanía se considera no transmisible.
Este enfoque busca reforzar la idea de la ciudadanía como una pertenencia sustancial a la comunidad nacional, más que como un simple estatus formal.
Los argumentos de los recurrentes
Durante la audiencia, los abogados de los recurrentes impugnaron enérgicamente la reforma, sosteniendo que esta afecta a un derecho originario que surge en el momento del nacimiento y que no puede quedar supeditado a plazos administrativos ni a requisitos introducidos con posterioridad.
Según esta postura, el reconocimiento de la ciudadanía no sería más que la constatación de una condición ya existente. Impedir dicho reconocimiento por razones burocráticas equivaldría, en esencia, a privar retroactivamente a una persona de su pertenencia nacional.
También se destacó que muchas familias no pudieron presentar sus solicitudes dentro de los plazos previstos por motivos económicos u organizativos, encontrándose repentinamente excluidas de un derecho que consideraban ya adquirido.
La posición del Estado
En sentido contrario, la defensa del Estado sostuvo la plena legitimidad de las nuevas disposiciones. Según la Abogacía General del Estado, el legislador tiene el deber de evitar un uso indebido de la institución de la ciudadanía, especialmente en un contexto global en el que millones de personas podrían reivindicar un vínculo puramente genealógico con Italia.
Se subrayó que un reconocimiento indiscriminado de la ciudadanía podría tener consecuencias institucionales relevantes, afectando la composición del cuerpo electoral y el funcionamiento de mecanismos democráticos fundamentales.
El Estado también reiteró que la ciudadanía implica no solo derechos, sino también deberes, y que dichos deberes presuponen un vínculo efectivo con la comunidad nacional. Desde esta perspectiva, la introducción de criterios más estrictos estaría justificada por la necesidad de preservar el significado sustancial de la pertenencia al Estado.
A la espera de la decisión
La audiencia del 11 de marzo representó, por tanto, un paso crucial en un asunto destinado a tener un impacto profundo en el derecho de ciudadanía italiana. La decisión de la Corte Constitucional —aún no publicada oficialmente, aunque fue precedida por un comunicado de la propia Corte (del que hablamos en este artículo: https://yourwaytoitaly.it/es/articles/primer-pronunciamiento-del-tribunal-constitucional-sobre-las-cuestiones-de-legitimidad-en-materia-de-ciudadania-infundadas-e-inadmisibles-las-planteadas-por-el-tribunal-de-turin— aclarará si el nuevo equilibrio entre descendencia y vínculo efectivo con el territorio es compatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.
El panorama podría, no obstante, cambiar aún más, dado que otras dos cuestiones de legitimidad constitucional relativas a la Ley 74/2025, planteadas por los Tribunales de Mantua y Campobasso, siguen pendientes ante la Corte Constitucional y a la espera de ser examinadas.
Mientras tanto, miles de personas siguen esperando saber si se les reconocerá su ciudadanía o si, por el contrario, las nuevas reglas marcarán un punto de inflexión definitivo en la definición de la identidad jurídica italiana en el mundo.
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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.
Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana, y Paolo Grassi, Trainee de LCA Studio Legale.
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