Ciudadanía italiana iure sanguinis: los principales cambios con el nuevo decreto

Italia ha implementado una reforma significativa en su ley de ciudadanía con el decreto legislativo del 28 de marzo de 2025, que introduce cambios importantes sobre la ciudadanía por descendencia. Esta nueva legislación limita el derecho a la ciudadanía italiana solo a los descendientes de segunda generación, es decir, aquellos que tienen al menos un padre o abuelo nacido en Italia.

La reforma también introduce un "criterio de vínculo activo", que exige a los ciudadanos italianos nacidos y residentes en el extranjero demostrar cada 25 años una conexión efectiva con Italia, ya sea mediante el voto, la renovación del pasaporte o el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Impacto en el procedimiento ante los consulados italianos

Uno de los principales cambios propuestos en relación con el proceso de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia es la centralización de la evaluación de las solicitudes de ciudadanía. Desde la entrada en vigor del Decreto Ley 36/2025, los consulados italianos en diversas partes del mundo, como en Nueva York, Filadelfia, Houston, Río de Janeiro y Santiago, han suspendido temporalmente los nombramientos y la aceptación de solicitudes de ciudadanía y transcripción de certificados de nacimiento. En efecto, según la reforma general anunciada por el gobierno italiano, las solicitudes de ciudadanía por descendencia ya no serán evaluadas por los consulados, sino por el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores (Farnesina). Incluso si el decreto ya está en vigor, su conversión en ley aún debe ser aprobada por el Parlamento en un plazo de 60 días, por lo que aún podrían producirse cambios.

Quién puede solicitar el reconocimiento de la ciudadanía según la nueva normativa

Según el decreto-ley nº 36/2025, sólo se considerarán ciudadanos italianos de nacimiento los descendientes nacidos fuera de Italia que:

• hayan solicitado la nacionalidad italiana (ante los consulados o municipios italianos) antes del 27 de marzo de 2025
• hayan interpuesto un recurso judicial ante un Tribunal italiano dentro del 27 de marzo de 2025
• tengan un progenitor o un abuelo nacido en Italia (los abuelos o bisabuelos ya no se tendrán en cuenta)
• tengan un progenitor que haya vivido en Italia durante al menos 2 años ininterrumpidos antes de su nacimiento

Otros cambios esperados

Como parte de la reforma general decidida por el Gobierno italiano, que como se ha mencionado se basa en el principio de un «criterio de vínculo activo» que demuestre la existencia de lazos efectivos con Italia, se está debatiendo una nueva ley. El proyecto de esta ley -que aún se está debatiendo y revisando- prevé nuevos cambios que hacen hincapié en el mencionado concepto de vínculos efectivos con Italia, basándolo en el establecimiento de la residencia en el país. Entre los cambios previstos figuran

• la necesidad de que los descendientes de ciudadanos italianos nacidos en el extranjero inscriban sus partidas de nacimiento ante las autoridades italianas competentes antes de cumplir los 25 años de edad
• pérdida de la nacionalidad para los ciudadanos no residentes nacidos en el extranjero que no mantengan vínculos con Italia durante 25 años (por ejemplo, no ejerciendo el derecho de voto o no solicitando la renovación del pasaporte)
• los cónyuges de ciudadanos italianos sólo podrán obtener la nacionalidad si residen en Italia con su cónyuge italiano
• el plazo de tramitación de las solicitudes de ciudadanía aumentaría a 48 meses
• la Farnesina (Ministerio de Asuntos Exteriores), con una oficina centralizada, se encargaría de las solicitudes de ciudadanía de los residentes en el extranjero

Los objetivos de la reforma declarada por el Gobierno

Según declaró el Gobierno italiano, esta reforma respondería a un crecimiento significativo de las solicitudes de ciudadanía procedentes del extranjero, que han supuesto un aumento del 40% en la población de italianos en el extranjero en los últimos diez años. Esto ha sobrecargado los consulados y el sistema administrativo y judicial italiano, generando más de 60.000 procedimientos pendientes ante los Tribunales. La reforma, por tanto, tendría como objetivo no sólo limitar el acceso a la ciudadanía a quienes tienen un vínculo más débil con Italia, sino también mejorar la eficiencia de los procedimientos, centralizando el proceso y concentrando esfuerzos en mantener una relación activa y comprometida con el país.

En este contexto, la nueva legislación reforzaría la necesidad de una conexión auténtica con el país, distinguiendo entre quienes tienen una conexión auténtica con Italia y quienes simplemente quieren los beneficios de la ciudadanía.

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