Una nueva ordenanza del Tribunal de Avellino vuelve a situar en el centro del debate los efectos de la reforma de 2025 sobre la ciudadanía italiana por descendencia. La resolución, dictada el 15 de septiembre de 2026, vuelve a plantear una cuestión de constitucionalidad especialmente relevante: ¿puede una ley posterior establecer que una persona, nacida en el extranjero antes de la reforma, deba ser considerada como si nunca hubiera adquirido la ciudadanía italiana?
La cuestión se planteó en el marco de un procedimiento relativo a una menor nacida en el extranjero. La jueza consideró relevante y no manifiestamente infundada la cuestión relativa al artículo 3-bis de la Ley n.º 91/1992, introducido por el Decreto-ley n.º 36/2025 y convertido en la Ley n.º 74/2025, y dispuso la suspensión del procedimiento y la remisión de las actuaciones al Tribunal Constitucional.
El caso examinado por el Tribunal de Avellino
La controversia se originó por la negativa del Oficial del Estado Civil del Ayuntamiento de Solofra a transcribir el acta de nacimiento de una niña nacida en el extranjero.
Los progenitores impugnaron la denegación solicitando la transcripción del acta. Entretanto, uno de los progenitores había obtenido, mediante sentencia firme del Tribunal de Nápoles, el reconocimiento de su condición de ciudadano italiano iure sanguinis.
Según la reconstrucción contenida en la ordenanza, antes de la reforma la jurisprudencia consolidada de la Corte de Casación consideraba la ciudadanía iure sanguinis como un status adquirido originariamente por nacimiento. El posterior procedimiento de reconocimiento tenía, por tanto, naturaleza declarativa y no constitutiva: la sentencia no creaba la ciudadanía, sino que constataba un status ya existente.
El problema de la retroactividad
Es precisamente sobre este punto donde se concentra la cuestión de constitucionalidad.
El artículo 3-bis, en los supuestos previstos por la nueva regulación, también puede aplicarse a personas nacidas en el extranjero antes de la entrada en vigor de la reforma, estableciendo que sean consideradas como si nunca hubieran adquirido la ciudadanía italiana. En el caso examinado, según la jueza, no concurren las condiciones que permitirían sustraer la situación a la nueva regulación.
La ordenanza pone de relieve, sin embargo, una posible consecuencia sustancial: si, conforme al marco normativo y jurisprudencial anterior, la ciudadanía ya se había adquirido en el momento del nacimiento, considerar posteriormente al sujeto como si nunca la hubiera poseído implica incidir retroactivamente sobre un status ya existente.
La jueza observa, por tanto, que el efecto de la nueva disposición podría ser asimilable, en sustancia, a una revocación ex tunc o a una pérdida retroactiva del status civitatis.
La conexión con el procedimiento europeo
La ordenanza de Avellino se inserta en un contexto judicial más amplio. Otra cuestión relativa al artículo 3-bis ya ha sido sometida por el Tribunal Constitucional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante la Ordenanza n.º 147/2026. El procedimiento está registrado en Luxemburgo con el número C-816/26, Picuso, y se refiere a la compatibilidad de la nueva regulación con los artículos 9 TUE y 20 TFUE.
La cuestión planteada por el Tribunal de Avellino sigue, no obstante, un cauce distinto: la duda se refiere específicamente a la compatibilidad del artículo 3-bis con los artículos 2, 3 y 22 de la Constitución italiana.
¿Qué cambia para la ciudadanía por descendencia?
La ordenanza no declara la inconstitucionalidad de la reforma. Su importancia reside en haber remitido al Tribunal Constitucional una cuestión precisa: si es constitucionalmente legítimo aplicar la nueva regulación a personas nacidas en el extranjero antes de su entrada en vigor, calificándolas retroactivamente como sujetos que nunca adquirieron la ciudadanía italiana.
Para quienes siguen un procedimiento de ciudadanía italiana por descendencia, se trata, por tanto, de un paso adicional en el complejo litigio surgido a raíz de la reforma de 2025.
Asimismo, la posesión del pasaporte italiano, en este contexto, debe considerarse una consecuencia de la posesión de la ciudadanía y no un elemento que determine autónomamente la adquisición del status.
El procedimiento relativo a la menor queda ahora suspendido a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. Será dicha resolución la que aclare si, y en qué medida, la nueva regulación puede incidir retroactivamente sobre situaciones que, según el anterior diritto vivente, se habían perfeccionado directamente en el momento del nacimiento.
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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.
Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana, y Paolo Grassi, Trainee de LCA Studio Legale.
Artículo modificado el 22/09/2026
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