El Tribunal Constitucional ha proporcionado una primera respuesta a las cuestiones de constitucionalidad planteadas por el Tribunal de Turín en relación con la reciente reforma de los criterios de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia. Mediante un comunicado difundido el 12 de marzo de 2026, que anticipa una sentencia que aún debe emitirse formalmente, la Corte declaró algunas de las cuestiones infundadas y otras inadmisibles, marcando un paso relevante en el litigio surgido en torno a la normativa introducida en 2025.
El contexto de la reforma y la remisión al Tribunal Constitucional
El caso se origina en las modificaciones introducidas en 2025 en la normativa sobre ciudadanía italiana, en particular mediante la incorporación del artículo 3-bis en la Ley n.º 91 de 1992. Esta disposición, introducida por el Decreto-ley n.º 36/2025 y posteriormente convertido en Ley n.º 74/2025, afectó a los criterios de reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis, estableciendo límites más estrictos e introduciendo efectos que también afectan a personas nacidas en el extranjero antes de la entrada en vigor de la norma.
Durante un procedimiento promovido por ciudadanos de origen italiano residentes en el extranjero, el Tribunal de Turín consideró que algunas partes de la nueva normativa podrían entrar en conflicto con principios constitucionales y supranacionales. En particular, los jueces de Turín plantearon dudas sobre la legitimidad de la distinción entre las solicitudes de reconocimiento presentadas antes y después del 28 de marzo de 2025, así como sobre la posible vulneración de derechos ya adquiridos.
A la luz de estas dudas, el juez dispuso la suspensión del procedimiento y la remisión de las cuestiones al Tribunal Constitucional para que evaluara su conformidad con los principios de la Constitución.
La valoración del Tribunal Constitucional
En el comunicado difundido al término de la deliberación en cámara del consejo del 11 de marzo de 2026, el Tribunal Constitucional consideró infundadas las objeciones formuladas por el Tribunal de Turín con referencia al artículo 3 de la Constitución. Según la Corte, no existe la arbitrariedad denunciada en la distinción entre quienes presentaron la solicitud de reconocimiento de la ciudadanía antes del 28 de marzo de 2025 y quienes la presentaron posteriormente.
La Corte también rechazó la tesis según la cual la normativa impugnada implicaría una especie de revocación implícita y retroactiva del estatus de ciudadano. Del mismo modo, fue considerada infundada la cuestión planteada en relación con el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que vinculan la ciudadanía europea con la posesión de la ciudadanía de un Estado miembro.
Junto con las cuestiones consideradas infundadas, la Corte declaró también inadmisibles otras objeciones formuladas por el juez remitente. En particular, se consideraron no examinables las relativas a la presunta vulneración del artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 3 del Cuarto Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Una primera orientación sobre el nuevo marco normativo
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional representa la primera respuesta jurisprudencial al nuevo marco normativo sobre la ciudadanía por descendencia, introducido en 2025 con el objetivo de redefinir los criterios de transmisión del status civitatis y contener el número de posibles solicitudes procedentes del extranjero.
Aunque la Corte aún no ha entrado en el fondo de todas las cuestiones planteadas en el debate jurídico, la decisión indica que, al menos respecto de los aspectos examinados, la reforma no parece incompatible con los principios constitucionales invocados por el Tribunal de Turín. En este sentido, el juicio del Tribunal confirma la discrecionalidad del legislador para definir los criterios de atribución de la ciudadanía, siempre que tales decisiones no resulten irrazonables ni entren en conflicto con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.
Posibles implicaciones futuras
La decisión del Tribunal Constitucional constituye un paso importante en el debate jurídico sobre la reforma de la ciudadanía italiana. Las declaraciones de infundabilidad e inadmisibilidad cierran, al menos parcialmente, las impugnaciones planteadas por el Tribunal de Turín, pero el debate interpretativo sigue abierto y podría verse alimentado por otros procesos pendientes —la Corte aún debe pronunciarse sobre las cuestiones de legitimidad planteadas por los Tribunales de Mantua y Campobasso—.
A la espera de la publicación de la motivación completa de la decisión —tras la cual será posible realizar análisis y evaluaciones adicionales—, el comunicado del Tribunal Constitucional representa por tanto una primera orientación sobre la relación entre la nueva normativa legislativa y los principios constitucionales, ofreciendo un punto de referencia para los procedimientos en curso y para las futuras aplicaciones de la normativa sobre ciudadanía.
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El contenido de este artículo tiene como finalidad ofrecer indicaciones generales sobre el tema. Para dudas o casos específicos, se recomienda solicitar asesoría especializada en función de tu situación particular.
Artículo escrito por Alessia Ajelli, Managing Associate de LCA Studio Legale, abogada especializada en derecho migratorio y ciudadanía italiana.
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